Una polémica medida propuso hoy en rueda de prensa el procurador Alejandro Ordóñez para zanjar la disputa sobre la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras.
“Creo que la mejor forma de arreglar esto es que los compradores de buena fe presenten los certificados de pureza de sangre que conservan de sus antepasados de la época de la Colonia. Eso probaría que son descendientes de ‘cristianos viejos’ y que por tanto se trata de almas impolutas que Dios ha bendecido con tierras y bienes que ahora el impío comunista de Santos les quiere quitar”, dijo ante las miradas atónitas de los periodistas y el aplauso eufórico del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien estaba sentado a su lado.
Lafaurie agregó que los ganaderos estarían “perfectamente dispuestos” a financiar la reapertura del Tribunal de Penas del Santo Oficio de la Inquisición –entidad que reemplazaría a la Unidad de Restitución de Tierras y revisaría la autenticidad de los certificados de pureza de sangre-, usando los dineros que aún quedan disponibles del Fondo Ganadero. “Miren, esa plata ya se perdió. Ahora el dinero de los ganaderos se va a ir a financiar Cagüancitos. Mejor usémosla para establecer, con métodos probados, quiénes son compradores de buena fe y de paso aportamos nuestro granito de arena para la restauración moral del país”, afirmó en tono enfático el empresario.
Consultados acerca de la viabilidad de la propuesta, los jerarcas de la Iglesia se mostraron preocupados. “Hay asuntos prácticos que el señor procurador no está teniendo en cuenta. Por ejemplo, la sede del Tribunal en Cartagena es un museo ahora, no hay dónde montar algo así. Y, ¿de dónde vamos a sacar sacerdotes que no hayan sido contaminados por el Concilio Vaticano II?”, señaló una alta fuente del ala más conservadora de la Iglesia Católica.
El procurador le salió al paso a los reparos, y en un comunicado oficial ofreció crear una alianza intersectorial católica: “Lo que quiero es unir, en una sola entidad, la Fraternidad San Pío X –conocida popularmente como Lefebvrismo–, llena de sacerdotes impolutos, alejados de cualquier ideología peligrosa, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal de la Inquisición, la Logia de tuiteros zares de la corrección política y la Superintendencia de Notariado y Registro. Quienes hayan perdido sus certificados de pureza de sangre, podrán solicitarlos directamente en la entidad, en audiencias orales celebradas en latín. Sencillo. La actual sede de la Procuraduría sería la sede del Tribunal, y eso ahorraría costos. Y, además de las tierras, esta nueva entidad fortalecida pasaría a decidir sobre asuntos varios como el aborto, la eutanasia y el “matrimonio igualitario”. Un verdadero ejemplo de eficiencia e innovación institucional”.
El gobierno nacional aún no ha hecho pronunciamientos, pero se espera una fuerte reacción del presidente Santos. Por su parte, Jaime Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Falsificadores de Colombia –ASONALFALCO–, dijo que su gremio estaba listo para enfrentar la situación. “Somos innovadores, emprendedores, y estamos preparados para los retos del mercado. Contratamos a un grupo interdisciplinario de creativos: filólogos clásicos, publicistas, diseñadores gráficos y seminaristas expulsados, y los pusimos a trabajar en la producción de certificados de pureza de sangre chimbos. Viera cómo quedó el modelo, igualito, parece sacado de un libro de historia. Y valen únicamente 100 mil pesitos. Nada”.
