La medida que desde ya se anuncia polémica entrará en vigencia a partir de abril y busca que toda la población «en situación de derivar su sustento de la redistribución y apropiación de la riqueza vía arrebato callejero de bienes» -«porque el término ‘ladrones’ o, peor, ‘ratas’ es muy fuerte y genera patrones de exclusión», según una fuente del Distrito- esté afiliada a una EPS, cotice pensión y, lo más importante, esté cobijada por una Administradora de Riesgos Laborales.
«Cuando la Bogotá Humana habla de inclusión es en serio. Estas personas marginadas por la sociedad son seres humanos, desempeñan una labor que no es nuestra culpa que no sea del agrado de toda la ciudadanía pero aun así gozan de pleno de derecho de acceder a la seguridad social», aseguró Stalin Rivas de la oficina de regularización de actividades marginales de la Secretaría de Gobierno.
«Pónganse ustedes en los zapatos de un apropiador o una apropiadora de celulares que sale a la calle todos los días sin saber si volverá sano y salvo. Lo mínimo es que cuenten con una ARL, pues se trata de un oficio con múltiples y elevados riesgos y riesgas, con esto simplemente les estamos permitiendo desempeñar su labor sobre una mínima y humana base de tranquilidad», añadió Rivas.
La decisión incluye también destinar un porcentaje importante del presupuesto originalmente asignado al Fondo de Vigilancia y Seguridad para «el diseño e implementación de estrategias encaminadas a la preservación y reproducción mediante talleres y demás actividades pedagógicas de técnicas y sabidurías ancestrales y tradicionales relacionadas con el oficio del cosquilleo y afines».
El único obstáculo que preocupa a los promotores de este programa tiene que ver con la dificultad que entraña el pago de los aportes a través de tecnologías arcaicas como las de miplanilla.com que ni los más avezados apropiadores y reprogramadores de celulares en las pruebas piloto pudieron dominar. A lo anterior se suma que solo uno de cada veinte beneficiarios cuenta con Internet Explorer instalado en sus computadores.
Ante las previsibles reacciones que esta medida suscitará en la ciudadanía, trascendió que se acelerará la licitación de las zonas destinadas a esta actividad, la cual busca ponerle por fin ponerle orden, límites e impuestos al hurto callejero en el que siempre ha reinado informalidad.
