Una recolección de firmas que conduzca a una consulta para prohibir definitivamente la minería de bitcoins en sus instalaciones adelantan por lo menos tres asociaciones de comerciantes del sector de Unilago en Bogotá, especializado en tecnología.
Según parece, desde hace al menos tres años en sótanos del centro comercial se ha venido desarrollando dicha actividad, ubicada en la zona más gris del Código Penal. Y del Minero.
«Al comienzo el tema nos tenía sin cuidado. Sí había como bajones y subidas repentinas de la corriente, pero creíamos que era porque la subestación de aquí de la quince ya está vieja y además cundida de ratones que viven mordiendo los cables. Así fue hasta que llegaron unos lanudos, barbudos, oliendo medio a chivo a meternos el cuento de que lo que hoy hacemos, hicieron nuestros padres y harán nuestros hijos, es decir: copias alternativas de programas, juegos y contenidos audiovisuales, entre otros, estaría en peligro si se seguía tolerando la minería de bitcoins, que había que organizarnos compañero y le seguimos la flauta, nos convenció», afirma Roberto Peña, del colectivo «Juegos películas sí, Bitcoin no».
«Los mechudos dicen que con la minería no solo se acaba la electricidad sino que también malacostumbran a los chinos a la vida fácil, que se dizque rasga un tal tejido societario o social, no recuerdo bien. Que nos quedamos sin trabajo, que los Sitp no vuelven a parar acá, que en la casa nos cortan los servicios y que a largo plazo nos quedamos calvos, vaya uno a saber qué de todo eso es cierto. Eso sí insisten en que después los pelados ya no quieren atender al cliente, sacar copias, arreglar aparatos, operar toners, que nada, que solo buscar moneditas. Ya ni meterse al casino a jugar en las tragamonedas, porque esas no valen como que nada comparadas con las otras», añade Pedro Macías de la asociación por un Unilago sostenible.
Mientras las autoridades de la alcaldía menor de Chapinero se manifiestan, este medio supo que el camino lógico es la solicitud de un título minero, la negociación de exenciones tributarias a la empresa encargada de la concesión, el estudio de impacto ambiental a los vendedores de chicharrón, arepas, películas y fauna colindante, así como la primera ronda de consultas previas con la comunidad informática de Bogotá.
