Las horas de alegría en el seno del Gobierno por la aprobación ayer de la Corte del plebiscito con el que se pretende el aval ciudadano a los acuerdos de paz con las Farc tuvieron un trago amargo.
En el fallo del alto tribunal queda claro que los votos provenientes de municipios fortín de la llamada Ñoñomanía -los magistrados no especificaron más detalles- valdrán la mitad. Este es un duro golpe dado que en ellos la Casa de Nariño, tal y como ocurrió con la segunda vuelta de las elecciones que le garantizaron a Juan Manuel Santos la reelección, ha fincado sus esperanzas de alcanzar los 4.5 millones de sufragios requeridos para alcanzar el umbral.
Pero esta no fue la única disposición de la Corte en este sentido: hubo otras dos. Una positiva para el Ejecutivo, otra también negativa. La primera es la autorización para el uso de los buses especialmente diseñados para la trashumancia electoral y que fueron importados el año pasado con motivo de los comicios regionales. «Sabemos que este tipo de vehículos son móvil -nunca mejor dicho- de prácticas non sanctas para la democracia, pero estamos ante la posibilidad de poner fin a una pesadilla de seis décadas y en esa medida prima el bien superior sobre los moretones que se le puedan causar al semblante electoral de la nación», se lee.
La segunda tiene que ver con el tope fijado al valor de cada voto. «Este, en ningún caso podrá superar al informalmente establecido con motivo de la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014. No se tendrá en cuenta ajuste por inflación», concluye.
