Mediante la resolución 2409, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social reglamentó la práctica de derribamiento de monumentos históricos y estatuas de conquistadores próceres y expresidentes, para las cuales “…se hace ineluctable presentar en el lugar de los destrozos a cometer y ante las autoridades competentes de cada ciudad, la prueba de pago de la planilla de aportes a salud, pensión y a la Administradora de Riesgos Laborales».
Para el Ministro de Trabajo, la medida es un paso pionero en la protección de los colombianos que se anticipa a cualquier legislación sobre el tema en el mundo. Según sus palabras “Como custodio de la integridad laboral y moral del colombiano, soy consciente de que esta práctica vandálica, al igual que la economía naranja, llegó para quedarse. Por eso, es urgente legislar sobre el tema antes de que lamentemos algo peor. Es mejor brindarles a todos los colombianos la protección que necesitan en tan peligrosos actos, y para la muestra todos los botones, la armadura, el caballo y el mismo Don Sebastián de Belalcázar, que al caer, por poco deja sin vida a uno de los indígenas que lo tumbaron».
Por su parte, varios grupos revisionistas, a favor de cambiar la versión falocéntrica hegemónica y europeizante de la historia del país, sostienen que la intención del gobierno es un truco de las élites para que el colombiano de a pie, jamás a caballo ni representado en las estatuas que adornan sus plazas, entregue dinero a los grandes fondos privados que administran las pensiones y la salud en el país. “No es posible que para realizar un acto que visibiliza la historia silenciada de los grupos oprimidos, subalternos y verdaderos dueños del territorio donde se erigen las estatuas de los conquistadores, tengamos que presentarnos con botas de punta de acero, guantes, gafas, overol, tapabocas N95, certificado de trabajo en alturas y fotocopia autenticada de la planilla del pago de los parafiscales”, manifestó, debajo de una capucha, uno de los líderes del movimiento contra las estatuas, mientras le pintaba los labios de rojo a la escultura de la cabeza de Laureano Gómez.
“No es que no creamos que nuestra labor carece de un riesgo inminente para nuestra integridad, y no hablo de una caída, sino de un corrientazo, un bolillazo o un balazo por parte de las fuerzas del orden, pero al pagar por lo que consideramos una manifestación del derecho democrático a la protesta, se perdería el carácter reivindicativo de nuestros actos. Es una idea incluso más idiota que hacer un protestódromo”, concluyó el encapuchado mientras le sacaba un diente a la boca de Laureano.
