A sanción presidencial pasó la ley que sanciona con penas de entre 5 y 10 años de cárcel a «aquellos usuarios que finalicen sus relaciones de índole sentimental a través de servicios de mensajería instantánea».
Más conocida como ‘la ley guazá’, esta norma fue aprobada a pupitrazo tanto en el Senado como en la Cámara. Y es que al parecer la mayoría de parlamentarios tienen hijos que han sufrido este tipo de experiencias presentadas en la exposición de motivos del proyecto como ‘traumáticas’ según concepto del Colegio Colombiano de Siquiatría. Incluso varios de ellos aseguran haber pasado por ese difícil trance.
«No se trata de una ley populista, es parte de toda una iniciativa llamada Colombia Responde que busca fijar una hoja de ruta para que a mediano plazo mejoren los índices de seriedad y responsabilidad de la población», asegura Marlén Contreras, representante a la Cámara por Norte de Santander y promotora de la iniciativa. «Un país con jóvenes que terminan sus noviazgos sin dar la cara simplemente no merece darle la cara a un mejor futuro, qué descaro», puntualizó.
«Hemos notado que la práctica viene en aumento y definitivamente es momento para un tatequieto desde el código penal. Esto está desangrando al sistema de salud: se ha disparado el gasto en siquiatras y drogas para la salud mental a cargo del POS gracias a las ‘gracias’, valga la redundancia, de esos y esas irresponsables que creen que con un mensajito pueden echar por la borda todo lo que una relación significa en términos de construcción conjunta de sueños, proyectos e ilusiones y que al obrar así dejan a sus ex parejas sumidas en profundas crisis emocionales al reemplazar un punto final cara a cara con llanto, abrazos, recriminaciones e incluso sexo, por dos míseros chulitos azules».
La norma también fija como contravención el dejar ‘sirirís’ en visto.
