La idea surgió en un foro sobre alternatividad penal celebrado esta semana en Paipa. Se trata de buscar castigos que no pasen por la reclusión en centro carcelario -todos con un nivel de hacinamiento superior al 40 por ciento- sino labores que cumplan doble función: disuadir al delincuente de cometer el delito ante la perspectiva de sufrir eternas filas, caídas del sistema y rechazos de funcionarios porque tal o cual papel necesitaba firma y sello y solo tiene firma y, al tiempo, desempeñar una labor social con un ingrediente de reparación. Se busca que los beneficiarios de los trámites sean sus víctimas.
El trámite dependería de la gravedad del delito. Una simple contravención sería castigada con el pago de un comparendo de tránsito. Hurto simple con reclamar una cantidad -a establecer por el juez- de subsidios de familias en acción mientras que a responsables de las faltas más graves les correspondería solicitar la devolución del IVA. Para culpables de delitos atroces estaría reservado renovar el RUT por Internet o la renovación del pase.
Así mismo, se contempla vincular al sector privado a la iniciativa como parte de sus políticas de responsabilidad social. Y la buena noticia acá es que esto ayudaría a destrabar el proceso de paz, pues, como es bien conocido, los máximos líderes de las Farc se niegan a pagar «un solo día de cárcel», como lo han manifestado en numerosas ocasiones. La idea que tiene entre manos el Ministro es que los miembros de esta organización responsables de delitos de lesa humanidad tengan como sanción por lo menos cien casos cada uno de clientes que desean cancelar su servicio de televisión por cable, telefonía fija e Internet a cargo de Telmex.
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